24.08.2010 - 17.20 h El Gobierno tiene la intención de rebajar de 100 a 30 días el plazo para que un parado pueda rechazar ofertas de empleo o cursos de formación una vez inscritos en los servicios públicos de desempleo. La consecuencia será la pérdida de la prestación. El principal objetivo de la medida sería rebajar la abultada factura que el Estado gasta en pagar los subsidios del desempleo, que está en torno a los dos mil quinientos millones de euros al mes.  (ATLAS)